Los asuntos financieros y patrimoniales que implican a la persona con demencia deben ser tratados desde las etapas tempranas de la enfermedad.

En fases iniciales, la persona puede ser capaz de gestionar su patrimonio y ser consciente de sus obligaciones legales. No obstante, es una de las primeras áreas personales donde se observan las dificultades para autogobernarse cuando hay un declive en su capacidad intelectual.

(…) Es importante que el entorno familiar inmediato conozca el estado real de las finanzas de la persona enferma, dado que la planificación de futuro y una correcta gestión inicial facilitarán su protección y la cobertura de sus necesidades presentes y futuras.

La previsión frente a una enfermedad que se presenta como crónica, incapacitante y de larga duración, permite proteger los intereses de la persona y facilita a sus cuidadores la tarea. Es recomendable decidir, desde un inicio, quién va a representar a la persona y, a ser posible, y considerando la competencia de la persona afectada por deterioro cognitivo, que sea ella misma quién decida quién quiere que vele por sus intereses personales y patrimoniales.

Los aspectos importantes a considerar ante la protección financiera y personal de la persona son los siguientes:

1.- Situación patrimonial presente: ingresos (salario, pensión u otros), gastos y deudas (pólizas, seguros médicos, contribuciones, impuestos, comunidad de vecinos, hipotecas, créditos, facturas…), cuentas bancarias y en cajas de ahorro (depósitos bancarios, cuentas bancarias, acciones, cajas fuertes, tarjetas de crédito y otros productos bancarios…), propiedades (propiedades y rentas que pueden generar o mantenimiento que ello supone, joyas, automóviles, colecciones…).

2.- Gestión económica del futuro: Las atenciones y cuidados que puede precisar la persona van a suponer un gasto económico, incluyendo los gastos mensuales, anuales y extraordinarios habituales (alimentación, ropa, medicación, seguros médicos, energía, transporte…) y otros complementarios, como pueden ser adaptar la casa y hacerla más segura, ayudas técnicas, complementos dietéticos, servicios contratados (asistencia personal, enfermera, fisioterapeuta, logopeda, neuropsicología, etc., o bien recursos externos: rehabilitación cognitiva, transporte adaptado, centro de día, centro residencial).

3.- Planificación legal: La previsión de una disminución de la capacidad de autogestión del patrimonio y autogobierno hace necesario plantearse la figura de un representante que vele por los intereses de la persona y su patrimonio. Las voluntades anticipadas, poderes notariales, figuras de protección legal (auto tutela, curatela, tutela…) son algunas de las modalidades legales establecidas en nuestro sistema judicial. El asesoramiento profesional, por parte de profesionales del trabajo social y el derecho, puede ser de gran ayuda para conocer que opciones legales son las más adecuadas en cada caso particular.

En conclusión,la enfermedad de Alzheimer puede significar un gasto elevado para las finanzas familiares, que hay que prever. Asimismo, es recomendable conocer los recursos y servicios públicos y privados disponibles en nuestra comunidad, y el acceso a los mismos.

Autora: Gemma Tomé Carruesco Trabajadora social y Counsellor Hospital Universitario Mutua de Terrassa (Barcelona) Comité Científico kNOW Alzheimer

 Fuente y texto completo: KNOW Alzheimer