CÓMO OBRAR LEGALMENTE TRAS UN DIAGNOSTICO DE ALZHEIMER

Alzheimer y trámites legales

Con el objeto de proteger a la persona con Alzheimer, desde la Confederación Española (CEAFA) nos recuerdan una serie de figuras legales que es importante tener en cuenta con el fin de evitar aquellos problemas legales que con frecuencia surgen a lo largo de la enfermedad

Y es que, aunque el Alzheimer daña lentamente y destruye las células del cerebro, al inicio de la enfermedad la persona puede estar en condiciones de tomar decisiones respecto a sus intereses personales y deseos. En este sentido, las principales figuras legales son las siguientes:

Voluntad anticipada o testamento vital

Es la manifestación escrita realizada por una persona capaz que, consciente y libremente, expresa las opciones e instrucciones en relación a los cuidados y el tratamiento de su salud o, una vez llegado el fallecimiento, sobre el destino del cuerpo o de los órganos, que deben respetarse en el caso de que concurran circunstancias clínicas en las cuales no pueda expresar personalmente su voluntad.

Prevé la designación de un representante que será el interlocutor ante el médico o equipo sanitario y velará por el cumplimiento de las instrucciones previas. Dicho documento puede ser revocado, modificado o sustituido en cualquier momento por la persona.

Puede hacerlo ante notario (no requiere de ningún testigo); ante tres testigos mayores de edad y en plena capacidad de obrar (al menos dos de ellos no deben tener relación de parentesco hasta el segundo grado, ni estar vinculados con la persona por relación patrimonial), o ante el personal del Registro de la Comunidad Autónoma.

Una vez formalizado, es aconsejable registrar el documento en el Departamento de Salud para facilitar su difusión. Si ha sido validado ante notario, éste será el encargado de registrarlo Por el contrario, si la validación se ha realizado mediante los tres testigos, la persona otorgante será la responsable de efectuar el registro.

Incapacitación

Supone la privación a una persona total o parcialmente de su capacidad de obrar. La declaración de incapacidad puede promoverla el presunto incapaz (esta posibilidad de auto incapacitación implica el reconocimiento de un cierto grado de capacidad que deberá ser fijada en la correspondiente sentencia judicial), el cónyuge o quien se encuentre en una situación de hecho asimilable, los descendientes, los ascendientes o los hermanos del presunto incapaz.

El Código Civil señala en su artículo 199: “Nadie puede ser declarado incapaz sino por sentencia judicial en virtud de las causas establecidas en la ley”. Por lo tanto, la condición necesaria para declarar a una persona incapaz es la existencia de una sentencia judicial en dicho sentido. Asimismo, el Código Civil en su artículo 200: “Son causas de incapacidad las enfermedades o deficiencias persistentes de carácter físico o psíquico que impidan a la persona gobernarse por sí misma”.

El procedimiento judicial se realiza a instancia de parte o del Ministerio Fiscal. Se debe presentar una solicitud o demanda y, tras ésta, se siguen una serie de trámites marcados por la ley y se realiza un examen exhaustivo de las pruebas. Una vez concluido el proceso, un juez puede declarar la incapacidad de una persona, en su beneficio. Si así fuera, se priva a ésta por completo (en raras ocasiones de modo parcial) de la capacidad de obrar. Se nombra, según el caso, un tutor o curador que le asista.

Tutela

Es un mecanismo de protección de la persona que ha perdido su capacidad de autogobierno y está pensada para aquellos casos en que se determine una incapacidad total. El tutor es nombrado por el juez, siendo oídos previamente los parientes más próximos y la propia persona diagnosticada, si fuera posible.

Para el cargo de tutor se prefiere, en primer lugar, al designado por el propio tutelado, al cónyuge que conviva con el tutelado, a los padres, a la persona que los padres hayan designado en testamento, y, por último, al descendiente, ascendiente o hermano que designe el juez.

El tutor es nombrado por un juez, siendo oídos previamente los parientes más próximos y el propio incapaz si fuera posible

El nombramiento de tutor requiere que la persona que va a serlo esté en condiciones de capacidad de obrar plena y con una conducta ética intachable y, en cuanto al número de tutores, la regla general es la tutela unipersonal, es decir, por una sola persona física.

El desenvolvimiento de la tutela conlleva la prestación ocasional de una fianza por el tutor, cuando el juez lo estime oportuno, así como la necesidad de formalizar un inventario de los bienes del tutelado, y el control judicial y del Ministerio Fiscal mediante las autorizaciones para determinados actos jurídicos y las rendiciones periódicas de cuentas de su gestión.

Curatela

La diferencia con la tutela estriba en que en la sentencia judicial sólo se incapacita al enfermo para determinados actos y no totalmente. Así, el curador deberá gestionar sólo aquellas cuestiones para las que al enfermo se ha declarado incapaz. Esta institución de guarda sería para la primera fase de la enfermedad, cuando aún tiene cierta capacidad para realizar por sí mismo ciertos actos.

Defensor judicial

Es la persona nombrada por el juez para ejercer las funciones de amparo y representación de las personas incapacitadas de forma transitoria en los siguientes supuestos: cuando en algún asunto exista conflicto de intereses entre la persona incapacitada y quienes ejercen sobre ellos la tutela o curatela, cuando el tutor o curador no ejercieran sus funciones por cualquier causa mientras dicha causa no desaparezca o se nombre a otra persona al efecto y cuando se tenga conocimiento de que una persona debe ser sometida a tutela, mientras se dicta resolución judicial que ponga fin al procedimiento, asumirá su representación el Ministerio Fiscal, si además hubiera que cuidar de sus bienes, el Juez podrá designar un administrador de los mismos, quien deberá rendirle cuentas de su gestión una vez concluida ésta.

El defensor judicial tiene las atribuciones que le conceda el juez, al que debe rendir cuentas de su gestión una vez concluida.

Guarda de hecho

La persona no tiene potestad legal sobre la persona incapacitada, pero asume el papel protector de éste y de sus bienes, sin haber sido nombrado tutor o curador, y al que un juez podría requerirle información y establecer medios de vigilancia y control oportunos.  

La característica principal de la guarda de hecho es que tiene carácter transitorio, ya que debe sustituirse por otras figuras como: el tutelaje o la curatela.

Administrador patrimonial

La Ley establece esta figura cuando el patrimonio del tutelado sea de tanta envergadura que sea preciso separar el contenido personal del patrimonial. El administrador ejerce la tutela conjuntamente con el tutor. El juez podrá exigir fianza o aval al tutor o al administrador patrimonial antes de tomar posesión de su cargo, considerando sus relaciones con el tutelado y también la naturaleza y la importancia del patrimonio, y determinará la modalidad y cuantía del mismo.

A su vez, el administrador patrimonial deberá presentar al juez una propuesta inicial de administración que incluya la inversión previsible del capital dinerario y el depósito de dinero, valores mobiliarios y documentos existentes en el momento de constituirse la tutela.

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